La situación política en España y los efectos en la iglesia

INTRODUCCIÓN

Solo pretendo realizar un breve resumen de la situación actual de la política española porque creo que es preciso definir varios puntos que son los ejes del conflicto actual; sin prestar atención a cada uno de ellos, no es posible entender la base del conflicto ni, lo que es más trascendente, cuál puede ser la evolución futura de la situación.

Expondré de modo resumido diez puntos, ordenados según su irrupción histórica:

  1. La integración de Cataluña en España ha sufrido a lo largo de los últimos 300 años desencuentros recurrentes, cuya raíz histórica está muy bien descrita en un documento realizado por Jaume Botey titulado Momento actual del proceso den Catalunya” publicado en Iglesia Viva Nº 263, julio-septiembre 2015 <http://iviva.org/ revistas/263/263-33-ADEBATE.pdf>. Del mismo autor cf. también:Cristianos ante el nacionalismo / independen-tismo catalánen Éxodo, num 141 (2017) <http://www.exodo.org/ cristianos-ante-el-nacionalismoindependentismo-catalan/>. También El procés nacional català (Barcelona: Cristianisme al segle XXI, 2015).
  2. Uno de los elementos que pretendían pacificar esta situación fue el Pacto Constitucional de 1978, en el que inicialmente hubo un intento de descentralización del Estado, creando las “autonomías”, aunque el cambio se realizó sin dar una solución completa a las aspiraciones de Cataluña, al no recogerse en el Estatut de 1979 sus peculiaridades propias, como su identidad histórica, una lengua distinta y una idiosincrasia diferenciada del resto de comunidades españolas. Por desgracia se impuso la política llamada del “café para todos” y se establecieron unos “Estatutos de Autonomía” prácticamente idénticos, excepto en el caso del País Vasco y Navarra, que conservaron sus fueros, muy importantes desde el punto de vista fiscal y financiero.
  3. En el transcurso de los años fueron varias las Comunidades Autónomas que reformaron sus Estatutos, entre ellas Cataluña. En efecto,  partir del 2004 los parlamentarios empezaron a redactar un nuevo Estatuto, conocido como el “Estatut de Miravet”, que ampliaba competencias y marcaba objetivos de mejora de la financiación. Este Estatuto fue aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de setiembre del el año 2005, por 120 votos a favor y 15 en contra (todos los partidos menos el PP), y también admitido a trámite por las Cortes generales (2-XI-2005), aprobado por el Congreso (20-III-2006) y por el Senado (10-V-2006), tras realizar diversos recortes en las competencias establecidas y, finalmente, refrendado por el pueblo catalán (18-VI-2006), promulgado con la Ley Orgánica  6/2006 del 9-VII , entrando en vigencia el 9-VIII-2006.
  4. El Partido Popular, aparte de no querer participar en su redacción y oponerse al mismo, se dedicó a recoger firmas por toda España en contra del Estatuto catalán a la par que promovió, desde siete instancias distintas (diputados y senadores del PP, Defensor del Pueblo y comunidades autónomas de Murcia, Rioja, Aragón, Baleares y Valencia) diversos recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), con la pretensión de  anular el nuevo Estatuto, cosa inaudita, una vez refrendado por el pueblo y en plena vigencia del mismo; para este partido era uno modo de recoger votos en el resto del Estado de manera totalmente irresponsable.
  5. El Tribunal Constitucional no se pronunció respecto del Estatuto catalán hasta 4 años después de su entrada en vigor. Es importante señalar que durante este periodo la aplicación del Estatuto Catalán no produjo ningún contencioso; a pesar de ello, esta experiencia plácida y positiva no fue tenida en cuenta por el TC, de modo que el 28-VI-2010 sentenció en contra, dejando el Estatut desvirtuado en sus contenidos más significativos, con lo que la reforma prácticamente quedó en sus partes más esenciales del todo anulada.
  6. Esto significó, de hecho, una ruptura del Pacto Constitucional del 1978, al no haber tenido en cuenta las aportaciones aprobadas en los Parlamentos Catalán y Español, y, lo que es más importante, el pronunciamiento de los ciudadanos de Cataluña en un referéndum que obtuvo una mayoría significativa, sobre todo si consideramos las circunstancias en que se efectuó (A pesar de que la Junta Electoral, en una decisión sin precedentes, prohibía el fomento a la participación,  ERC, expulsada del gobierno catalán, optaba por el “no” por considerar el Estatuto demasiado sometido a mínimos, todo lo contrario del PP, que optaba por el “no” por considerarlo de máximos).
  7. La decisión del TC no dejó ninguna vía razonable para las aspiraciones catalanas; el descontento se concretó en un crecimiento exponencial de los partidarios de la soberanía, que tuvieron múltiples expresiones en multitudinarias manifestaciones, a partir de aquel mismo año 2010, cuya magnitud es de todos conocida y que no tienen parangón en la historia reciente de Europa.
  8. Hubo, además,  el 8-IV-2014, una petición formal realizada por el tres representantes de partidos distintos del Parlamento de Cataluña a las Cortes Generales Españolas, para la realización de un referéndum en Cataluña, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución,  parecido al pactado en los casos más recientes de Escocia y Canadá. Está petición no fue atendida, votaron en contra más del 80% de los diputados del Parlamento Español (sólo hubo 47 votos a favor).
  9. Durante estos años han existido numerosas llamadas al diálogo que no han tenido respuesta por parte del Gobierno Español, primero en manos del Partido Socialista y, posteriormente, del Partido Popular. Los presidentes Mas y Puigdemont llevaron al presidente Rajoy 47 puntos de urgente aplicación en Catalunya sin conseguir ninguna respuesta ni actuación. El 9-XI-2014, ante la negativa de poder celebrar un referéndum, se estableció una Jornada de participación no vinculante en la que más de 2 millones de catalanes votaron a favor de la independencia.
  10. El crecimiento del descontento en Cataluña se ha ido concretando en la consecución de mayorías parlamentarias de los partidos favorables a la independencia, que se alinearon marcándose como objetivo la realización de un referéndum para que el pueblo catalán se pronunciara, de manera clara e inequívoca  sobre si quería un Estado propio, que resolviera todas sus aspiraciones históricas.

SITUACIÓN ACTUAL

Con motivo de la celebración del Referéndum (1 de Octubre de 2017), el Estado intentó por todos los medios impedir su celebración. El fracaso de sus múltiples acciones amén de la promesa que no habría papeletas de votación, ni urnas ni colegios electorales, provocaron la organización de la sociedad civil que consiguió urnas, papeletas e hizo guardia desde la noche anterior en los colegios electores, cosa que fue contestada con una gran represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra ciudadanos inocentes que sólo querían expresar su opinión depositando su voto en una urna. Hubo más de 1.000 heridos de consideración —con la pérdida de un ojo del señor Roger Español a causa de un disparo de una pelota de goma con un arma prohibida en Catalunya—, causada por una represión desproporcionada, incomprensible y brutal en una Estado en principio democrático y perteneciente a la UE. A pesar de todo, el referéndum fue un éxito al registrar una afluencia de 2,2 millones de votantes y un resultado del 90% a favor de la demanda de un Estado Propio, como bien pudieron testimoniar observadores internacionales.

Gracias a ellos, a las redes sociales y a la prensa internacional, las imágenes de lo sucedido fueron rápidamente divulgadas en todo el mundo; a pesar de ello, el Gobierno empezó a negar su evidencia, en un intento de evitar un desprestigio internacional.  Todo ello llevó a una declaración unilateral de independencia simbólica el 27-X-2017, ya suspendida en el momento de proclamarse el mismo 10-X, sin ninguna actuación ejecutoria, como prueba el hecho de que, convencido de la imposibilidad de diálogo con el gobierno del PP, el M. H. President Puigdemont viajó a Bélgica un par de días después.

La reacción del Gobierno Español fue acudir al amparo del artículo 155 de la Constitución Española, que no tiene desarrollo reglamentario alguno, en el que se dice, en el apartado primero, que el Gobierno podrá adaptar medidas necesarias  para obligar a la Comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general, pero cuyo apartado segundo dice que “para la ejecución de las medidas previstas en el apartido anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades autónomas.” En lugar de “dar instrucciones” el Gobierno del PP disolvió las instituciones autonómicas catalanas (Parlamento) y cesó a todas las autoridades autonómicas (Gobierno, consellers, directores generales, etc), con la aquiescencia del Partido de Ciudadanos y del Partido Socialista. A partir de este momento, ha ocupado la dirección desde Madrid de todas las Instituciones catalanas.

En la misma suspensión de la autonomía se decretó que se celebraran elecciones el pasado 21 de diciembre, que por cierto no sólo confirmaron sino que incluso aumentaron la correlación de fuerzas de los partidos soberanistas. En efecto, si en 2016 el número de votos independentistes fue de 1.996.508, el 21-XII-2017 llegó a los 2.021.469.

Lo más grave es que el Gobierno se ha negado a entablar negociación política alguna  para resolver la situación y ha judicializado totalmente el conflicto, de modo que la actuación de la Fiscalía General del Estado dependiente del Gobierno ha construido un relato acusando de violencia y rebelión a los líderes políticos catalanes; un relato  totalmente falso y que sólo se apoya en argumentos jurídicos delirantes, imputando a ciudadanos por el mero hecho de sus pensamientos e ideologías políticas.

El resultado de todo ello es que el juez instructor del Tribunal Supremo ha dictado prisión provisional para ocho miembros del Gobierno Catalán, la presidenta anterior del Parlamento Catalán y dos líderes de movimientos sociales, todo ello en base a acusaciones y argumentos jurídicos, que la mayoría de abogados constitucionalistas de España, así como jueces eméritos del Supremo,  consideran contundentemente de nula  validez.

Uno de los problemas que han posibilitado estas aberrantes decisiones judiciales, a instancias de la Fiscalía, es que ponen muy en duda la necesaria separación de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, uno de los pilares del Estado de Derecho de toda democracia.

Otro efecto de esta desmesurada actuación judicial es el exilio de varios políticos, el más relevante de todos, el Presidente Puigdemont, actualmente en libertad provisional en Berlín, después de la inadmisión de la petición de extradición por el delito de rebelión dictada por la audiencia territorial de Schleswig-Holstein. Pero además del Presidente, hay otros tres políticos exiliados en Bélgica, dos en Suiza y otro en Escocia. Como puede comprenderse, las elevadas penas solicitadas (hasta 30 años de cárcel por el solo delito de rebelión), y también por la voluntad de internacionalizar el conflicto, a fin de que la UE tenga el coraje de valorar la situación, han sido el desencadenante del exilio de los políticos catalanes.

En el interior del país el gobierno ha desatado una persecución contra la libertad de expresión, con la ayuda de actuaciones judiciales que acosan y demandan a ciudadanos exclusivamente por manifestaciones públicas de índole variada, mientras permiten la actuación de una extrema derecha que va surgiendo con fuerza ante la pasividad de las fuerzas del estado. Todo ello va empobreciendo cada vez más la calidad  democrática del Estado español de tal manera que, ahora mismo, ya no puede hablarse sólo del conflicto España-Cataluña sino que hemos de empezar a hablar de la gravedad de la deriva antidemocrática del Estado Español, miembro de la Europa Comunitaria, en donde se van degradando muchos derechos civiles.

Hay tres elementos muy preocupantes que no ayudan a resolver la situación actual:

  1. La instalación en el conjunto de la sociedad de una autocensura provocada por la actuación de la fuerza represora del Estado;
  2. Una pasividad en las fuerzas de izquierda que deberían movilizarse ante un ataque tan serio a las libertades y derechos civiles de los ciudadanos; y,
  1. La falsa neutralidad hasta el momento de la UE, que no se cansa de repetir hasta la saciedad que el conflicto es un simple “asunto interno” de España, con lo que se pone de manifiesto que la Europa Comunitaria es ante todo un “club de estados, sin percatarse, de momento, que puede pagar muy cara esta inacción, con repercusiones graves y negativas en la misma Europa, siendo como ha sido Catalunya un pueblo pacífico, defensor de la UE y contribuyente neto de la misma.

Ahora la batalla política tiene tres frentes abiertos:

  1. El judicial, con claros abusos de poder en el interior del país, dictando prisiones provisionales (alguna ya con más de 6 meses), sin ninguna base legal para decretarlas. Este frente judicial tiene una amplia extensión en el exterior mediante la emisión por parte del Juez Instructor de una Euroorden que, de momento, en primera instancia no ha sido atendida ni en Alemania, ni en Bélgica (la primera) y con una decisión claramente dilatadora del Tribunal de Edimburgo, cosa que ha producido un gran desencanto en la Magistratura y Gobierno españoles.
  2. El político, con una interferencia clara del poder judicial en la instalación de un gobierno legítimo en Cataluña, visto que el juez instructor del Supremo está negando la posibilidad de la elección de uno de los parlamentarios candidatos, elegido por los ciudadanos de Cataluña, a pesar del soporte de una mayoría parlamentaria. Pues, bien el Juez no deja de dictar interlocutorias y resoluciones contrarias a la elección, invadiendo las competencias de un Parlamento (poder legislativo). Y, si esto de por si no fuera grave, hay que añadir que lo hace desoyendo las recomendaciones cautelares del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en una reciente resolución solicitó el respeto a los derechos activos y pasivos del parlamentario elegido como candidato a presidente y que está en estos momentos en prisión provisional.
  3. El social, cuya afectación en Cataluña es muy importante, resultado de un estrés después de largos años de confrontación política, sin atisbo de salida política alguna a la situación actual, y, lo que resulta más grave, con escasas expectativas en el horizonte futuro. Todo lo cual afecta a la radicalización de posiciones más o menos equidistantes. En efecto, por medio de encuestas informales —y no de un Referéndum formal, que sería lo adecuado—, se sabe que existe un empate técnico al 50% de las dos posiciones (independentistas y dependentistas), aunque, si se solicita el apoyo a un referéndum pactado, los resultados suben a un nivel del 80%. Pienso que la degradación de la situación se va extendiendo al resto del Estado, no sólo por el problema catalán, sino también por la corrupción política del partido en el poder (PP), que está alcanzando unas cotas inimaginables en un país democrático, y con unos aspirantes a la sustitución que no auguran nada positivo.

 

EFECTOS EN LA IGLESIA

Como en el resto de la sociedad, en la Iglesia se reproducen posiciones diversas, que van desde la clara adscripción a la solución de una salida pactada con la realización de un referéndum como forma de dar la voz a los ciudadanos y resolver la cuestión de una forma democrática, a los que mantienen una posición equidistante o neutra y a los que son claramente contrarios y tienen una posición unionista o dependentista ante el conflicto.

Debe reconocerse que la IEE ha sido la única Iglesia que aprobó, en su Sínodo celebrado en Málaga 2013, una resolución apoyando una consulta pactada; posteriormente hubo algunas voces discrepantes, pero lo cierto es que todo un Sínodo General aprobó esta importante declaración.

También la Comisión Permanente y la Mesa de la EEC (Presbiterio de Cataluña) realizaron una declaración conjunta de condena de la actuación represiva del Estado con motivo del referéndum del 1 de octubre, mediante la actuación sumamente violenta de las fuerzas de seguridad.

Creo que en el interior de la Iglesia también se vive con mucha preocupación la situación. Como puede suponerse, existe una voluntad de que ello no produzca divisiones entre los hermanos, y se acentúan posiciones de prudencia en las declaraciones, pero estamos en una situación que va cambiando día a día y, desgraciadamente, con muy pocas perspectivas de que evolucione de una manera positiva.

En la medida en que se produzca un agravamiento de los derechos civiles de los ciudadanos y que sigan la actual pasividad insultante ante el crecimiento de la extrema derecha, la continuación de la arbitrariedad de los poderes del Estado y el atropello que van suponiendo de las decisiones judiciales, se hará muy difícil mantener la prudencia sin salir al paso de manera pública por parte de los órganos de dirección de la Iglesia, Comisión Permanente y Mesas Presbiterales.

Desde siempre, la historia en su avance produce un mural en donde van quedando situados sus actores, según sus posiciones y su testimonio; precisamente por ello, la Iglesia, con más razón, debe ser muy cuidadosa en su mensaje y en su acción profética.  

Será muy importante dar preeminencia a una mirada teológica sobre el conflicto, confrontarlo también con nuestra visión de la salvación del hombre, ahora y aquí en su circunstancia concreta, y en la lucha contra la degradación de su dignidad.

Joel Cortés – Expresidente de la Iglesia Evangélica Española

Sant Cugat  del Vallès , 13 de abril de 2018

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