Carta de “Cristianisme al S.XXI” a nuestros compañeros de “Redes Cristianas”: «España ante el espejo»

    La crisis catalana ha puesto al descubierto algunas realidades que nos parecían caducas e incluso desaparecidas en la España actual. La más relevante por ser la de más difícil transformación: la estructura sociológica que hizo posible, entre otros factores, que el franquismo perdurara durante cuatro décadas, subsiste aún en una parte significativa de la población española. Se trata de aquellas personas que, a pesar de la existencia de una corrupción que infecta hasta sus raíces al PP, de sus decididas políticas contra las clases más humildes y de su apoyo incondicional a los poderes económicos, le siguen dando soporte en las urnas, convencida de que sólo el PP vela por unos valores tradicionales sin los cuales no tendría sentido el concepto que para ellos tiene España: el predominio cultural y lingüístico de Castilla sobre el resto de territorios, la incomprensión, cuanto no la hostilidad, hacia las personas de culturas y religiones distintas, el miedo y el desprecio hacia lo extranjero, un cierto complejo de superioridad moral y la confusión entre estado e iglesia (¡cuatro ministros cantando “Soy el novio de la muerte”, entre ellos el de Educación y Cultura, ante el Cristo de la Buena Muerte!).

   La crisis ha hecho emerger con fuerza algunos interrogantes como, por ejemplo, el de si los valores democráticos se encuentran plenamente asentados en la estructura judicial. Sin poner en tela de juicio la profesionalidad y equidad de la inmensa mayoría de jueces y fiscales, resulta evidente que existe un alto grado de politización en las más altas instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y que además esta politización se orienta siempre en una misma dirección: la de la derecha más conservadora.  El sistema de elección de los titulares de dichos organismos lo hace perfectamente posible, además de que sus cúpulas, muy endogámicas, proceden mayoritariamente de este substrato de población española opuesta, quizás inconscientemente, a una profunda democratización de los aparatos del estado.

   La persecución implacable contra el independentismo catalán puede satisfacer incluso a personas que, de buena fe, mantienen que deben investigarse y sancionarse las conductas tipificadas en el Código Penal, pero no podemos admitir que, en un estado democrático, esta tipificación se acomode a los vaivenes políticos y, en ocasiones, al perfil ideológico de la persona investigada. Este hecho comporta una involución democrática de altísimo riesgo, no únicamente para los nacionalistas catalanes sino para todos los españoles. Sólo hay que comparar las distintas varas de medir que se han aplicado, por ejemplo, a Oriol Junqueras, al que incluso se le ha impedido asistir a la eucaristía o recibir la visita del obispo de Solsona, en comparación con la que se ha aplicado a la infanta y a su marido en su relajada estancia en Suiza.

   Es evidente que quien acepta hoy esta situación en relación con el conflicto existente en Cataluña, da pie a que mañana pueda aplicarse esta gran flexibilidad en la aplicación de la ley para aplacar una huelga, para evitar una protesta ciudadana, véase el caso de Murcia, o simplemente para intimidar a aquéllos que manifiestan posiciones y opiniones distantes con el poder.

   La justa resolución del conflicto catalán resulta fundamental para preservar los fundamentos de un estado de derecho. Y es que el riesgo al que nos referimos ya se ha convertido en realidad: sancionar letras de canciones o a tuiteros con penas de cárcel, impedir la exposición de murales o mantener en prisión provisional durante más de un año a jóvenes vascos que mantuvieron una pelea tabernaria con otros jóvenes, en este caso miembros de la guardia civil.

   Deberíamos ponernos todos, sean cuales sean nuestras ideas y nuestra posición ante el independentismo catalán, en alerta ante estos claros indicios de involución democrática. El PP utiliza un recurso perfectamente conocido por los regímenes autoritarios: la búsqueda de un enemigo que pueda aunar esfuerzos y voluntades para combatirlo. Los franquistas la encontraron en la “pérfida Albión”, en los masones, los comunistas, etc. Los militares argentinos también en Gran Bretaña, el macartismo en los comunistas, etc. Ahora, el debilitado gobierno del PP ha encontrado un enemigo hecho a la medida de sus errores: el movimiento independentista catalán. Y para ello, sin obviar los errores de dicho movimiento, han actuado sin cortapisas: han alineado a todos los medios de comunicación falseando la realidad hasta extremos inconcebibles —en riesgo pues la libertad de prensa—, han vulnerado el principio de separación de poderes instando al Tribunal Constitucional, cuanto menos, a adaptar sus tiempos resolutivos a los deseos del gobierno, han utilizado a la policía como una fuerza brutalmente represora, y todos estos despropósitos no han recibido ninguna respuesta crítica contundente por parte del resto de fuerzas políticas españolas. Así, pues, el PP ha conseguido en parte su propósito, que no es otro que el de ocultar sus vergüenzas, sus leyes mordaza, sus normas contra los trabajadores, sus altas tasas de paro, la creciente pobreza infantil, sus incumplimientos contra los derechos de las personas refugiadas, que conseguir una vivienda digna sea hoy  un imposible para millones de personas, etc.

   Los tribunales internacionales y de otros países europeos van a corregir con el tiempo las absurdas decisiones de la justicia española, pero es indispensable que ahora la ciudadanía española, incluida esta parte de la población adicta a los discursos del PP, perciba que no podemos seguir con aquel mantra franquista de que todos están contra España, sino que mediten sobre lo que está ocurriendo y del riesgo de que sus derechos y libertades vayan desapareciendo progresivamente. La crisis catalana ha puesto otra vez a España ante un espejo. Y este espejo le ha devuelto una imagen envejecida y ruin.

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