El juicio del “Procés”: ¿Un termómetro para la democracia española?

“Redes Cristianas” és una plataforma de més de 200 grups, comunitats i moviments catòlics de l’Estat espanyol i altres col·lectius pertanyents a esglésies de base que volen ajudar a afrontar i donar resposta als grans  problemes de la societat i les esglésies d’avui. Des de “Cristianisme al segle XXI” en Jaume Botey i Vallès, aCs, participà en la seva creació. Pretén ser una veu crítica i alternativa als reptes d’avui tot cercant una coordinació d’àmbit estatal, des d’una opció pels pobres, exclosos i marginats, a favor de la transformació i el canvi per una major justícia al món. A la seva Carta d’identitat es defineix com un ampli col·lectiu catòlic d’àmbit estatal, amb un tarannà crític i aperturista, inspirat en l’Evangeli i en l’esperit del Vaticà II.

En el darrer Congrés tingut a Gijón “ Cristianisme al segle XXI” plantejà una presa de postura  de la plataforma davant del judici dels líders del “procés” català. Aquesta ha estat

 

EL JUICIO DEL “PROCÉS”:

¿UN TERMÓMETRO PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA?

Escribe: Ricardo Gayol García, abogado, para “Redes Cristianas”

El pasado 12 de febrero se puso en marcha en Madrid, en el Tribunal Supremo, sala 2ª de lo Penal, el Juicio por los hechos relativos al Referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Acontecimiento judicial que por más que el propio Tribunal se esfuerce en normalizar con todo tipo de medidas de imagen e incluso de cortesía jurídica, supone un auténtico fiasco para la política española, pues en su conjunto adquiere elementos más propios de un sistema autoritario y dictatorial que los de un moderno Estado Social y Democrático de Derecho, según recoge nuestra carta magna de 1978.

La primera cuestión trascendental que se plantea es la competencia del TS para abordar este proceso, pues la legalidad vigente exigiría con claridad que, de existir este procedimiento penal, fuera el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, como instancia propia de los procesados, quien asumiera ese juicio. Pero se han buscado excusas pueriles para cambiar algo tan esencial en un proceso como la intervención del juez natural de los inculpados. La compra de urnas en China y su guarda en Francia no implica ningún aspecto fundamental para dar soporte a una decisión tan ajena al derecho y, por ende tan arbitraria en sí misma. Pero la justicia española ha sucumbido a una lógica completamente subjetiva y parcial, porque no hay confianza en la neutralidad de los jueces de Catalunya para discernir sobre un asunto que resulta tan relevante para el Estado español. Es decir, el TS  y la Fiscalía General del Estado vienen a reconocer con su propio proceder, que el caso encierra un carácter político ineludible, hasta el punto de vulnerar la coherente aplicación de la norma, a fin de proteger los supuestos altos intereses del Estado.

Todo esto indica que estamos ante un conflicto exclusivamente político, lo que comporta la necesidad de una estrategia totalmente al margen del Derecho Penal. Sí, porque llevar al Código Penal conductas estrictamente políticas supone una desviación grave de las condiciones objetivas para avanzar hacia una solución del conflicto. Si a ello unimos la pertinacia de la prisión preventiva, se está creando el peor caldo de cultivo para salir de este entuerto político, ya de por sí complicado y difícil.

Hay que pensar que esta situación de prisión o de exilio para los que optaron por irse del país para evitar las consecuencias penales, implica una desafección profunda, que pase lo que pase a nivel judicial y político en el futuro, serán heridas muy difíciles de curar y eso crea un distanciamiento que será casi imposible de recuperar, algo que supera el ámbito de lo político para convertirse en un sentimiento y en un aspecto emocional completamente definitorio.

Por otro lado, la línea marcada por la Justicia española está encontrando un rechazo severo en los órganos judiciales de aquellos países que se han visto afectados por las situaciones individuales derivadas del Procés. Los tribunales de Bélgica, Alemania y Reino Unido no han secundado en ningún momento las decisiones del juez Llarena, cuyo argumentario jurídico pude examinar en algunos de sus autos, resultando ser auténticos tratados de un politólogo de parte, que convierte lo conveniente a los intereses de una determinada forma de entender el Estado en acusaciones penales, en vez de ceñirse a las razones jurídicas del caso, evidentemente poco sólidas para la acusación de que se trata. Pues además, la acusación de rebelión, se muestra especialmente pintoresca, dada la movilización cívica pacífica, que ha acompañado siempre la reivindicación independentista y del derecho a decidir. Incluso, los incidentes producidos ante la consejería de Economía y Hacienda la noche del 20 al 21 de septiembre de 2017 son  totalmente comparables con los de cualquier conflicto social o laboral de los que circundan el territorio español, que en todo caso deben saldarse con una sanción administrativa, si hubiere lugar a ello.

Por consiguiente, hay que diferenciar con nitidez dos aspectos claves: la unilateralidad política, justificada en la cerrazón del Estado para atender la demanda democrática de Catalunya, pero que podría considerarse por muchos como un grave error político y estratégico, y la comisión de un delito, que siempre debe estar tipificada estrictamente en el Código Penal, caracterizada de forma clara en su ejecución fáctica. La visceralidad con que se contemplan los acontecimientos del 1-O en los distintos territorios del estado, amén de impedir su reconocimiento político, al margen de su valoración jurídica,  no facilitan una diferenciación coherente de ambos supuestos, lo que determina una visión del Juicio totalmente sesgada y antijurídica.

Por ello, la influencia del Juicio del Procés en el contexto político español ha sido evidente, y esto ha dificultado seriamente las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno español, hasta el punto de decantar en buena medida el voto negativo de los grupos independentistas a los Presupuestos Generales del Estado el pasado 13 de febrero. Ahora bien, Sánchez habría podido hacer un esfuerzo más efectivo, orientando a la Fiscalía General a que se planteara el Juicio con mayor rigor jurídico, que hubiese cesado la prisión preventiva en las vísperas del Juicio y que se hubiera cerrado el compromiso de la Mesa de Diálogo sin condiciones previas, pues hablar de todo, en nada significa acordar sobre todo. Sin embargo, Pedro se ha plegado a la presión de esa derecha tripartita vociferante y a los barones españolistas de su partido, que ya le doblaron el brazo aquel octubre de 2016, retrasando año y medio la llegada de un gobierno de progreso a nuestro país. Pero, al margen de que la operación le salga mejor o peor a Pedro Sánchez, aprovechar la negación del derecho de autodeterminación como señuelo para finiquitar la legislatura y para convocar Elecciones anticipadas no será un buen camino para avanzar en la solución del conflicto catalán.

Al final, lo previsible es que la sentencia del Juicio del Procés acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y quizá con una resolución favorable a los inculpados. Pero el conflicto catalán continuará ahí, pendiente de una salida viable, y estos usos políticos de corto alcance no ayudarán en nada a facilitar la solución política necesaria.

Sólo se me ocurre algo positivo que pueda surgir de todo esto, y es que la corrección democrática que el Estado español pueda recibir al cierre de este proceso judicial, sirva para cambiar la mentalidad política de la democracia española ante conflictos de este cariz y así crearse unas nuevas condiciones que faciliten el respeto a la plurinacionalidad y a los procesos decisionales de los territorios y del conjunto de la ciudadanía en un proceso constituyente. Pero, no obstante, el sufrimiento causado y los daños a la convivencia me impiden ver con optimismo histórico el fin del contencioso catalán, aunque nunca hay que cerrarse a la esperanza de un acuerdo de futuro.

Comparteix aquesta entrada

Escriu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *